Me gustaría expresar mi plena aceptación y máximo respeto hacia el Auto judicial por el que se ha levantado la medida cautelar de suspensión de las votaciones en las elecciones a Rector de la Universidad Complutense de Madrid (UCM). No obstante, quiero también subrayar la incertidumbre que produce la celebración de unos comicios estando pendiente un recurso que puede suponer la anulación de todo el proceso.

El lunes pasado, día 28 de marzo, el Juzgado Contencioso-Administrativo nº 14 de Madrid admitió a trámite el recurso interpuesto por mí, que reclamaba el estricto cumplimiento de la Ley Orgánica de Universidades (LOU), tras denunciar que el censo electoral está indebidamente elaborado por no prever un sector de profesores doctores con vinculación permanente, del que deberían formar parte los profesores contratados doctores, colaboradores con el grado de doctor y titulares de escuela con el grado de doctor. Además, decretaba como medida cautelarísima la suspensión de las votaciones con carácter de urgencia, emplazando a las partes para hacer alegaciones.

Tras la vista oral celebrada hoy a primera hora de la mañana, el Juez ha decidido levantar esas medidas cautelares, al entender que la celebración de las elecciones no produce un perjuicio irreparable al recurrente (periculum in mora) que pueda frustrar el sentido de la sentencia final. Esto supone que se mantiene el día de las votaciones en primera vuelta para el miércoles 6 de abril. De todas formas, la tramitación del recurso sigue adelante y es difícil pronosticar cuándo podrá haber sentencia que, entrando en el fondo del asunto, resuelva sobre el valor del derecho de voto de los profesores contratados doctores y, por tanto, sobre la legalidad de las elecciones celebradas.

El problema está en que no se han adaptado los Estatutos de la UCM a la reforma de la Ley Orgánica de Universidades de 2007, superándose en mucho el generoso plazo de tres años que concedía el legislador. Además, resulta más que sorprendente que el año pasado sí se adoptaron medidas específicas por el Consejo de Gobierno para garantizar el derecho de voto de los contratados doctores con el valor que les corresponde, y en estas elecciones, sin ninguna justificación, no se ha hecho. La UCM ha reconocido tácitamente que ha habido una ilegalidad.

Por último, el levantamiento de esta medida cautelar no prejuzga el resultado de la resolución de fondo. Significa que el juez ha apreciado el perjuicio que suponía la suspensión sine die del proceso electoral abierto y la situación de interinidad del Rector al frente de la institución durante un periodo previsiblemente largo.

El hecho es que vamos a acudir a las elecciones del próximo día 6 de abril con dudas sobre la legalidad de las mismas.

ACTUALIZACIÓN: El texto completo del auto, en Cadena Ser (muchas gracias al comentarista Grotius por proporcionarme el enlace).