Repaso en estos apuntes lo ocurrido en estos últimos días, vísperas de las elecciones, y en el total de la campaña electoral. Tengo la convicción, y además así me la transmiten compañeros de la candidatura, de que lo que hemos hecho en estos dos meses de esta larga campaña ayuda a traer el cambio tan esperado en nuestra Universidad. Coincido con Miguel de Unamuno cuando en otra ocasión, poco comparable eso sí, en que en que se agredió a la Universidad decía: “hay ocasiones en la vida en las que callar es mentir”.

La no adecuación de los Estatutos de la Universidad a la reforma de la LOMLOU (Ley Orgánica 4/2007 de 12 de abril) en el plazo de tres años previsto, ha ocasionado un grave problema de legalidad, en la medida que a los profesores contratados doctores no se les ha incluido en el censo como profesores con vinculación permanente. Ello supone que tendrán que ejercer su voto inscritos en el censo de “Resto de Personal Docente e Investigador”, reduciéndose a un cuarto el valor real de su voto. No es un tema baladí, en efecto. Disminuir el porcentaje del valor del voto de esos 500 profesores, en términos aproximados, y pasarlo del 51% del valor ponderado al 12% significa en relación hurtar más o menos unos 400 votos de ese colectivo de 500.

Como consecuencia de ello, el Comité de Empresa de PDI Laboral de la UCM nos transmitió a los candidatos a Rector un escrito con fecha de 17 de marzo, a que instásemos “a los órganos competentes a que se revierta esta situación en conformidad con la legalidad vigente”.

Así lo hice y al día siguiente, 18 de marzo, presenté la reclamación oportuna ante la Junta Electoral. Inadmitida ésta por la Junta el día 24 de marzo, se procedió a presentar al recurso contencioso-administrativo ante los tribunales, el siguiente lunes 28 de marzo. Ese mismo día el Juez de la Sala Nº 14, dictó un auto por el cual se suspendían las elecciones cautelarmente.

En esos días los candidatos tuvimos varios conversaciones con el Rectorado, y en dichas reuniones propuse el “allanamiento” de la Universidad a la reclamación, es decir, que el Rectorado presentase al Juez el censo corregido con los derechos electorales recuperados para el colectivo afectado, y me mostraba entonces dispuesto a retirar el recurso, tal y como desde el Rectorado se me pedía insistentemente que hiciera. Pero en la tarde del día 30, el Rector no aceptó mi propuesta, y por ello sigue adelante el recurso.

El pasado jueves 31 de marzo, el citado Juez levantó la suspensión cautelar sin entrar, como no podía ser de otro modo pues en él se revisaba únicamente la permanencia en el tiempo de una medida cautelar, en el fondo del tema, con lo cual las elecciones que se celebrarán el día 6 de abril están pendientes de su posible nulidad.
En todo caso el Juez consideró que era preferible celebrar las elecciones que aplazarlas, quedando el Rector Berzosa en la interinidad durante un tiempo indefinido. Sin embargo, a mi juicio, si la Universidad hubiera querido, habría habido tiempo para modificar los censos en tiempo y forma, y las elecciones se podrían haber celebrado con una variación máxima de unas semanas. Ahora la situación es que el Rector electo ejercerá su cargo con un recurso pendiente, con una “espada de Damocles” sobre su cabeza hasta que se dicte la sentencia definitiva.

Es obvio para todo aquel que examine el asunto con objetividad, que ni el Comité de Empresa ni yo mismo somos los causantes del problema, sino el principio de la solución.

Por último, quiero dejar constancia de que los medios de comunicación, prácticamente en su totalidad, y especialmente El País, el ABC y El Mundo, han reflejado correctamente los hechos señalados.